La dana que azotó la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024 dejó más de 220 muertos y provocó una crisis política de magnitud inusual en España. Desde entonces, la gestión de las alertas tempranas y la respuesta institucional de la Generalitat Valenciana han sido el centro de múltiples investigaciones, tanto parlamentarias como judiciales. Mazón fue cuestionado públicamente por haber estado en una comida mientras el sistema de emergencias emitía las primeras advertencias sobre la crecida de barrancos.
El juzgado de instrucción que lleva la causa ha recibido declaraciones de funcionarios, técnicos de emergencias y responsables de organismos meteorológicos. La investigación apunta a determinar si hubo negligencia en la cadena de decisiones que retrasó la evacuación de municipios afectados. La jueza no ha confirmado públicamente los próximos pasos, pero fuentes jurídicas consultadas por medios españoles señalan que la citación de Mazón como testigo era un escenario probable en las próximas semanas.
El cambio de postura del presidente valenciano genera debate en el entorno político y jurídico. Varios comentarios apuntan a que la maniobra es defensiva antes que colaborativa, mientras que otros sectores consideran que personarse en la causa es un derecho legítimo que cualquier afectado por una investigación puede ejercer. La comunidad jurídica debate si este movimiento fortalece o complica su situación procesal a mediano plazo.
Mazón, que pertenece al Partido Popular, ha resistido hasta ahora las presiones de la oposición para dimitir. Su continuidad al frente de la Generalitat Valenciana sigue siendo uno de los puntos de mayor tensión política en la comunidad, especialmente ante las familias de las víctimas que exigen responsabilidades concretas por la gestión de aquella jornada.
El caso se mantiene abierto y sin imputados formales hasta el momento. La resolución sobre la solicitud de Mazón para personarse en la causa quedará en manos de la jueza instructora.
