La distinción no es menor. Declarar como testigo implica la obligación de decir la verdad bajo juramento, pero no conlleva los derechos de defensa que tiene un imputado formal. Varios recursos presentados por asociaciones de víctimas y familiares de fallecidos impulsaron esta citación, según recogen los medios que accedieron a la resolución judicial.
El aforamiento, punto central del debate
El aforamiento ha sido uno de los ejes más discutidos en torno a este caso. Esa figura jurídica establece que ciertos cargos públicos solo pueden ser investigados por tribunales superiores, lo que complica la actuación de los juzgados ordinarios. Cuando el TSJ cerró la puerta a investigar directamente a Mazón, muchos interpretaron esa decisión como un obstáculo procesal que beneficia al presidente regional. La citación como testigo es, en ese sentido, la alternativa que la jueza encontró dentro de los márgenes legales disponibles.
La DANA de octubre de 2024 dejó decenas de muertos y un rastro de destrucción en municipios del área metropolitana de Valencia. Las investigaciones periodísticas y los testimonios de sobrevivientes señalaron que la alerta a la población llegó tarde, cuando el agua ya había arrasado calles y viviendas. Mazón, por su parte, ha defendido en reiteradas ocasiones que se siguieron los protocolos establecidos y que la magnitud del fenómeno meteorológico superó cualquier previsión.
La reacción en redes sociales ante la citación fue intensa. Usuarios expresaron indignación por lo que consideran una protección institucional al mandatario y exigieron que la declaración derive en consecuencias penales concretas. Varios comentarios apuntan a que el aforamiento funciona como un escudo que dilata la justicia, mientras las familias afectadas siguen esperando respuestas. La comunidad debate si una declaración como testigo es suficiente o si el proceso debería avanzar hacia una imputación formal.
La fecha exacta en que Mazón deberá comparecer ante la jueza no fue precisada en los titulares disponibles al cierre de esta nota. Lo que sí queda claro es que el proceso judicial en torno a la gestión de la DANA entra en una nueva fase, con el máximo responsable del gobierno valenciano obligado a dar su versión ante la magistratura.
