Hay una contradicción que incomoda: los tribunales existen, en teoría, para proteger a las personas. Sin embargo, una conversación que gana fuerza en redes sociales apunta a que algunos ciudadanos sienten exactamente lo contrario cuando intentan hacer valer sus derechos ante los llamados magistrados del bienestar. La queja no es menor: se trataría de una percepción de que las voces de quienes no ocupan cargos electos simplemente no cuentan.
El debate se articula alrededor de una pregunta incómoda: ¿para quién trabajan realmente estos órganos judiciales? Usuarios señalan que existe un patrón de trato despectivo hacia ciudadanos ordinarios que acuden a instancias judiciales con quejas sobre derechos fundamentales, incluyendo privacidad y libre expresión. La sensación, según varios comentarios, es que el peso de una queja ciudadana se mide no por su mérito legal, sino por quién la presenta.
