Ley Valeria: entre la protección al acoso y el debate por su aplicación

Proteger a las víctimas o arriesgarse a criminalizar conductas cotidianas. Esa es la tensión que atraviesa el debate en torno a la Ley Valeria y otras normativas similares que buscan tipificar el acecho —o stalking— como delito en distintos países de América Latina. Una misma ley que para unos representa un avance urgente en materia de seguridad, para otros abre la puerta a interpretaciones que podrían afectar a personas sin intención de causar daño.

El acecho persistente —seguimiento, vigilancia no deseada, hostigamiento reiterado— es una forma de violencia que históricamente quedó fuera de los códigos penales de la región. Las víctimas, en su mayoría mujeres, enfrentaban situaciones de riesgo real sin que el sistema judicial pudiera intervenir de manera preventiva. Leyes como la Ley Valeria nacen precisamente para llenar ese vacío: darle nombre jurídico a una conducta que, aunque no siempre deja marcas físicas, puede escalar hacia formas más graves de violencia.

Dos lecturas del mismo texto legal

El respaldo a este tipo de legislación es amplio entre organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas, que argumentan que la tipificación del acecho permite actuar antes de que ocurra un hecho más grave. La lógica es preventiva: si la ley puede intervenir cuando el patrón de hostigamiento ya es evidente, se reduce el riesgo de que la situación escale.

Sin embargo, en redes sociales el debate muestra una cara más compleja. Varios comentarios apuntan a que la redacción de estas normas puede generar falsos positivos, especialmente en contextos familiares o de disputa por la custodia de hijos, donde un padre que intenta mantener contacto con sus hijos podría quedar expuesto a una denuncia. La comunidad debate si los criterios para definir qué constituye acecho son lo suficientemente precisos como para evitar ese tipo de situaciones.