El problema es que esta ofensiva legislativa llega en un momento de tensión creciente con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. El PRO, que conduce el Ejecutivo de la Ciudad, no ve con buenos ojos que LLA avance con una agenda propia en su territorio sin coordinación previa. La relación entre ambos espacios —que a nivel nacional mantienen una alianza funcional pero no exenta de fricciones— muestra en el plano local sus costuras más visibles.
Un silencio que habla
El contexto político agrega una capa de complejidad. El partido libertario atraviesa días de exposición incómoda por el caso Adorni, que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni en una polémica que el espacio prefiere no amplificar. Esa discreción pública contrasta con la actividad legislativa que sus representantes mantienen en la Legislatura porteña, donde el avance del proyecto sigue su curso con independencia del ruido mediático.
Para LLA, la estrategia tiene una lógica clara: consolidar presencia institucional en la Ciudad, un distrito donde el PRO ha gobernado de forma ininterrumpida desde 2007 y donde el espacio libertario busca ganar terreno de cara a futuras elecciones. Presentarse como el motor de una reforma modernizadora en el corazón político y económico del país refuerza esa narrativa.
Para el macrismo, en cambio, la situación es más incómoda. Aceptar pasivamente la agenda de LLA en su propio bastión implicaría ceder protagonismo en un territorio que considera propio. Rechazarla abiertamente, por otro lado, significaría tensar una alianza que a nivel nacional todavía le resulta conveniente.
El debate en la Legislatura porteña sobre este proyecto será, en los próximos días, un termómetro de hasta dónde llega la tolerancia entre ambos espacios. La Ley Bases porteña no es solo una discusión técnica sobre regulaciones: es también una disputa por quién define la agenda política en uno de los distritos más relevantes del país.
