La justicia selectiva en México genera desconfianza ciudadana

La percepción de una justicia de dos velocidades gana terreno en México. Usuarios y analistas señalan que mientras ciertos delitos menores son perseguidos con dureza, casos de alto impacto vinculados a corrupción y narcotráfico no reciben castigos proporcionales a su gravedad, lo que erosiona la confianza en el sistema judicial del país.

El fenómeno no es nuevo, pero ha cobrado fuerza en las últimas semanas. La conversación pública se ha intensificado alrededor de lo que muchos denominan la «nueva justicia» en México: un modelo que, en teoría, prometía mayor transparencia y eficacia, pero que en la práctica genera dudas sobre su imparcialidad. La indignación se concentra en la aplicación desigual de la ley, un problema que distintos sectores de la sociedad llevan años documentando sin que se registren cambios estructurales visibles.

En redes sociales, el debate es contundente. Usuarios señalan que la selectividad en los castigos no solo es injusta, sino que puede convertirse en un mecanismo de persecución política. Varios comentarios apuntan a que las evidencias presentadas en algunos procesos de alto perfil son endebles, lo que abre la puerta a condenas arbitrarias o, en sentido contrario, a la impunidad de quienes tienen recursos para defenderse. La comunidad debate si el debido proceso está siendo respetado o si, en cambio, se está sacrificando en nombre de resultados mediáticos.

El trasfondo tiene raíces profundas. México lleva décadas intentando reformar su sistema de justicia penal. La transición al sistema acusatorio, completada formalmente en 2016, buscaba garantizar juicios más transparentes y reducir la corrupción dentro del aparato judicial. Sin embargo, la implementación ha sido desigual según la región y el tipo de delito. Los casos vinculados al crimen organizado siguen siendo los más difíciles de procesar: la intimidación a testigos, la infiltración de instituciones y la complejidad de las redes delictivas hacen que las condenas firmes sean escasas y, cuando ocurren, frecuentemente cuestionadas.

Lo que preocupa a quienes siguen el tema no es solo la impunidad de los poderosos, sino el efecto inverso: que la presión por mostrar resultados lleve a perseguir con exceso de celo a personas con menor capacidad de defensa. Esa asimetría, advierten, es precisamente la definición de una justicia fallida.

La desconfianza ciudadana tiene consecuencias concretas. Cuando la población percibe que la ley no se aplica de forma uniforme, disminuye la disposición a denunciar delitos, a colaborar con las autoridades y a participar en procesos cívicos. En un país donde la tasa de impunidad supera el 90% según distintas mediciones académicas, cada señal de parcialidad judicial alimenta un ciclo difícil de romper.