Las inundaciones provocadas por la dana que azotó la Comunidad Valenciana a finales de 2024 dejaron decenas de muertos y una crisis institucional que todavía no se ha cerrado. Desde entonces, la actuación del gobierno regional —encabezado por Carlos Mazón— quedó bajo escrutinio judicial, con señalamientos sobre la tardanza en emitir alertas a la población y la coordinación de la respuesta de emergencia.
En ese marco, la Fiscalía española tomó una posición concreta: se opone a imputar a Mazón por el momento. El argumento central es que no existen indicios con suficiente solidez que justifiquen avanzar hacia una imputación formal en esta etapa del proceso. La decisión no cierra definitivamente la puerta a una investigación, pero sí frena el camino judicial más inmediato contra el presidente autonómico.
