El alcance del anuncio es notable por las cifras que maneja. Hablar de 10 mil colegios implica una operación logística, presupuestaria y administrativa de enorme complejidad. Perú tiene alrededor de 55 mil instituciones educativas públicas, según registros del sector. Reparar una quinta parte de ellas en un período de gobierno requeriría no solo financiamiento sostenido, sino también capacidad de ejecución en un Estado que históricamente ha mostrado dificultades para absorber el gasto en infraestructura a tiempo y con calidad.
Un compromiso que choca con la historia de ejecución presupuestal
El punto más sensible de la propuesta es precisamente ese: la brecha entre el anuncio y la ejecución. Programas anteriores de mejoramiento escolar —como los impulsados por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED)— han enfrentado retrasos, cuestionamientos por calidad de obra y subejecución presupuestal. La promesa de conectividad tampoco es nueva: distintos gobiernos han planteado metas similares sin lograr cerrar la brecha digital en las escuelas más alejadas, donde la falta de energía eléctrica estable es un obstáculo previo al acceso a internet.
Para la audiencia latinoamericana, el caso peruano no es aislado. La región enfrenta un déficit educativo estructural que la pandemia de COVID-19 agravó de forma visible: millones de estudiantes perdieron años de aprendizaje en parte porque sus escuelas carecían de las condiciones mínimas para sostener la educación a distancia. En ese sentido, la discusión sobre cuántos colegios reparar y cómo conectarlos trasciende el calendario electoral peruano y toca una deuda común.
Lo que diferencia esta propuesta de otras similares —o lo que podría diferenciarla— es la especificidad del número. Fijar una meta de 10 mil colegios crea un parámetro concreto contra el cual medir el desempeño futuro. Si Forsyth llegara al gobierno, esa cifra funcionaría como un termómetro de cumplimiento. Si no llega, quedará como referencia del tipo de compromisos que la ciudadanía peruana está dispuesta a exigir.
El debate sobre la viabilidad de la propuesta apenas comienza. Lo que ya está claro es que el estado de la infraestructura escolar en Perú es un problema lo suficientemente grave como para que cualquier candidato que lo ignore pierda terreno en la conversación pública.
