Treinta millones de euros. Esa cifra está en el corazón de una controversia que enfrenta a ciudadanos y autoridades en torno a la gestión de los fondos recaudados para las víctimas de la DANA en Valencia. Por un lado, quienes donaron esperaban que el dinero llegara de forma directa y transparente a los afectados. Por el otro, la administración enfrenta acusaciones de no poder explicar con claridad el paradero de esos recursos.
La tensión no es menor. Las inundaciones provocadas por la DANA dejaron una huella devastadora en la región valenciana, y la respuesta solidaria de miles de personas y organizaciones generó una cantidad significativa de fondos. Sin embargo, la falta de información detallada sobre cómo se están distribuyendo esas ayudas ha abierto una grieta de desconfianza difícil de cerrar.



