Dos fuerzas que se observan con desconfianza mutua desde el inicio de la gestión libertaria acaban de llevar su disputa al terreno judicial. La CGT presentó un amparo contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, una acción que convierte lo que hasta ahora era un enfrentamiento político y gremial en un litigio concreto ante los tribunales.
La central obrera argumenta que los cambios propuestos afectan derechos adquiridos por los trabajadores y que su implementación vulnera garantías constitucionales. No se trata de una protesta callejera ni de un paro general: esta vez, el sindicalismo eligió el recurso jurídico como herramienta principal para intentar detener las modificaciones antes de que entren en vigor.
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