La falta de datos oficiales sobre denuncias falsas en casos de violencia de género está en el centro de un debate que crece en redes sociales y que pone en cuestión cómo se distribuyen las medidas de protección policial en América Latina. La discusión no es nueva, pero ha recuperado intensidad en los últimos días a partir de señalamientos sobre un posible desequilibrio: víctimas reales que enfrentan obstáculos para obtener resguardo, mientras denuncias sin sustento probatorio acceden a los mismos mecanismos de seguridad.
El punto más sensible del debate es la ausencia de estadísticas confiables sobre la magnitud del fenómeno. Sin cifras precisas, resulta difícil evaluar si el problema es sistémico o marginal, lo que deja espacio para interpretaciones opuestas. Quienes señalan la existencia de denuncias falsas argumentan que ignorar el fenómeno equivale a invisibilizarlo; quienes los cuestionan advierten que el escepticismo puede usarse para desacreditar a víctimas legítimas.
