Hay una sensación que muchos latinoamericanos reconocen de inmediato: la de ver pasar los escándalos de corrupción sin que nadie rinda cuentas. Esa mezcla de indignación y resignación vuelve a circular con fuerza en la conversación pública, impulsada por la percepción de que los vínculos entre funcionarios y crimen organizado no solo persisten, sino que operan con comodidad bajo la mirada de instituciones que no actúan.
En redes sociales, el tono predominante es negativo. Usuarios señalan que la impunidad frente al narcotráfico no es un fenómeno nuevo, pero sí uno que se ha profundizado en varios países de la región. Las críticas apuntan especialmente a la ausencia de detenciones de alto perfil y a la falta de reformas estructurales que rompan los lazos entre el poder político y las organizaciones criminales.
