Corrupción cotidiana en México: el debate que apunta a todos

Más de la mitad de la economía mexicana opera en la informalidad, según estimaciones del INEGI, y ese dato sirve de punto de partida para una conversación que se intensifica en redes sociales: la corrupción en México no es solo un problema de élites o funcionarios, sino una práctica que se reproduce en la vida diaria de millones de personas.

La discusión no es nueva, pero su tono actual resulta distinto. Usuarios señalan que existe una contradicción visible en la forma en que la sociedad aborda el tema: hay indignación ante los grandes escándalos de corrupción gubernamental —obras públicas sobrevaluadas, contratos irregulares, desvíos de recursos— pero una tolerancia mucho mayor hacia conductas similares a menor escala, como la evasión fiscal, el comercio informal sin registro o el pago en efectivo para evitar facturas.

Varios comentarios apuntan a que esta doble vara genera un círculo difícil de romper. Cuando la ilegalidad cotidiana se normaliza, argumentan, se debilita la base moral desde la que se puede exigir rendición de cuentas a las instituciones. La comunidad debate si señalar únicamente los abusos del pasado —o de otros— permite evadir una reflexión más incómoda sobre las prácticas propias.

Un problema estructural con raíces en lo cotidiano

El ángulo regional importa porque México ocupa el lugar 126 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, una posición que no ha mejorado de forma sostenida en la última década. Pero los datos macroeconómicos tienen un correlato en lo micro: la informalidad no solo representa evasión fiscal, sino también ausencia de derechos laborales, competencia desleal para negocios formales y, en algunos casos, vínculos con economías ilícitas.

Usuarios señalan que la informalidad económica no beneficia a todos por igual. Quienes operan en ese espacio sin regulación pueden acumular ventajas competitivas frente a quienes sí cumplen con obligaciones fiscales y laborales, lo que profundiza la desigualdad en lugar de reducirla. Algunos comentarios van más lejos y vinculan esta dinámica con la violencia: donde el Estado no regula ni sanciona, otros actores llenan el vacío.

La conversación también cuestiona la narrativa de que la corrupción es un problema exclusivamente gubernamental. Varios comentarios apuntan a que las instituciones están formadas por personas que provienen de la misma sociedad, y que las prácticas toleradas en el ámbito privado o familiar terminan replicándose en el ejercicio del poder público.

Lo que distingue este momento del debate es el llamado explícito a la responsabilidad ciudadana. No como sustituto de la exigencia hacia el gobierno, sino como condición necesaria para que esa exigencia tenga coherencia. La pregunta que queda abierta en redes sociales es directa: si la ilegalidad cotidiana se tolera cuando conviene, ¿desde dónde se construye la cultura de legalidad que se le pide al Estado?