Medir la violencia sexual es, en cualquier país, una tarea metodológicamente compleja. Las cifras oficiales dependen de cuántas víctimas se atreven a denunciar, de cómo cada sistema judicial clasifica los delitos y de los cambios legislativos que redefinen categorías penales. España no es la excepción: en los últimos años, reformas como la conocida como ley del «solo sí es sí» alteraron la forma en que los tribunales registran y procesan ciertos delitos sexuales, lo que hace que las comparaciones interanuales exijan una lectura cuidadosa antes de extraer conclusiones.
Sobre ese trasfondo estadístico, ha surgido un debate encendido en redes sociales que mezcla datos reales con interpretaciones que no siempre están respaldadas por evidencia verificable. Usuarios señalan que las cifras de agresiones sexuales han aumentado en los últimos registros disponibles y atribuyen ese incremento, de manera directa, a la inmigración irregular. La comunidad debate si esa correlación tiene sustento empírico o si responde a un sesgo de percepción amplificado por el entorno digital.
