Hay una contradicción difícil de ignorar. El gobierno de Javier Milei construyó buena parte de su identidad política sobre la promesa de terminar con los privilegios de la clase dirigente, con el gasto superfluo, con todo aquello que en su narrativa representa «la casta». Esa promesa ahora choca con la polémica que rodea a Manuel Adorni, portavoz presidencial, acusado de haber trasladado a su esposa en un viaje financiado con fondos públicos.
El episodio no es, en términos absolutos, el escándalo más grave de la historia política argentina. Pero su peso simbólico resulta considerable: ocurre en el seno de una administración que hizo del ejemplo propio su principal argumento de legitimidad. Esa es la paradoja que alimenta el debate.
