Registrar un teléfono celular con huella dactilar o reconocimiento facial dejó de ser una posibilidad técnica para convertirse en una exigencia legal en varios países de América Latina. La medida, impulsada bajo argumentos de seguridad y combate al crimen organizado, encendió una discusión intensa en redes sociales sobre los límites entre la administración pública y la vigilancia masiva.
La conversación gira principalmente en torno a dos ejes: el registro biométrico de dispositivos móviles y la vinculación de esos datos con documentos de identidad como la Clave Única de Registro de Población (CURP) en México. Aunque los detalles varían según el país, el patrón es similar: el Estado solicita información corporal —huella, iris, geometría facial— para autenticar la identidad del propietario de un número telefónico.
