Publicar un meme puede costar una demanda. Esa es la tensión que atraviesa hoy la conversación digital en Latinoamérica: por un lado, millones de usuarios utilizan el humor gráfico como forma cotidiana de crítica política y social; por otro, marcos legales diseñados para combatir el discurso de odio empiezan a aplicarse a contenidos que sus autores consideran simple sátira.
El conflicto no es menor. En redes sociales, la preocupación por la judicialización del humor en internet crece entre usuarios que ven en esa tendencia una amenaza directa a la libertad de expresión. La discusión no se limita a un país: abarca a Argentina, México, Colombia, España y otros territorios donde conviven legislaciones distintas pero una misma cultura digital.
