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Investigación judicial sobre el aviso previo al colapso de la pasarela de Santander que causó seis muertes

Una jueza española convocó a declarar a agentes de la policía local y operadores del servicio de emergencias 112 que habrían recibido una alerta sobre el estado de la pasarela un día antes de que colapsara. El accidente, ocurrido en Santander, cobró la vida de seis jóvenes.

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Foto: Unsplash

Había una advertencia. Eso es lo que ahora investiga la justicia española: si alguien recibió una señal de alerta sobre la pasarela de Santander antes de que se derrumbara, y qué ocurrió con esa información. Seis jóvenes murieron cuando la estructura cedió, y la pregunta que guía la investigación judicial es si la tragedia pudo haberse evitado.

La jueza a cargo del caso citó a declarar a efectivos de la policía local y a operadores del servicio de emergencias 112, quienes habrían recibido un aviso sobre el estado de la pasarela aproximadamente un día antes del colapso. La convocatoria busca establecer qué información llegó a esas instancias, cómo fue procesada y si se tomó alguna medida al respecto. Hasta ahora, no hay detalles públicos sobre el contenido exacto del aviso ni sobre quién lo emitió.

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Lo que la investigación busca reconstruir

El derrumbe de una pasarela peatonal con personas encima es, por definición, un evento que activa múltiples preguntas sobre responsabilidad: quién la construyó, quién la mantenía, quién debía inspeccionarla y, en este caso, quién sabía que algo podía fallar. La citación judicial a policías y operadores de emergencias apunta directamente a esa última pregunta.

En España, la cadena de responsabilidad en infraestructuras públicas suele involucrar a varios actores: el municipio como propietario o administrador, las empresas contratistas y los organismos de inspección. Cuando existe un aviso previo documentado, la investigación penal cobra una dimensión adicional, porque ya no se trata solo de negligencia estructural, sino de una posible omisión ante una alerta concreta.

El caso genera atención más allá de las fronteras españolas. Para las audiencias latinoamericanas, donde el debate sobre el estado de la infraestructura urbana y los mecanismos de respuesta ante emergencias es recurrente, la pregunta de fondo resulta familiar: ¿qué pasa cuando una institución recibe una advertencia y no actúa? La investigación en Santander podría ofrecer un precedente judicial relevante sobre la responsabilidad del Estado ante alertas ignoradas.

Por ahora, la causa sigue abierta. Las declaraciones de los citados serán clave para determinar si existió una falla en la cadena de comunicación o si el aviso no fue suficientemente claro para justificar una intervención inmediata. Seis familias esperan respuestas.

Fuentes: 20minutos, El Mundo

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