Hay una paradoja en el corazón de este anuncio: un mecanismo diseñado para que la inversión privada llegue más rápido a las regiones más rezagadas del país acaba de cumplir años de funcionamiento con resultados mixtos, y la respuesta del gobierno fue crear más reglas para simplificarlo. Esa tensión entre burocracia y agilidad define el nuevo reglamento que ProInversión presentó esta semana.
El gobierno peruano aprobó una actualización del reglamento que regula el esquema conocido como Obras por Impuestos, un mecanismo que permite a empresas privadas financiar proyectos de infraestructura pública —escuelas, hospitales, carreteras, sistemas de agua— y recuperar ese gasto mediante descuentos en el pago del impuesto a la renta. La modificación, difundida a través de medios oficiales, apunta a reducir los plazos de aprobación y ejecución de los proyectos, que históricamente han enfrentado demoras administrativas.
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