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Cómo el nuevo reglamento de Obras por Impuestos busca desbloquear inversiones privadas en regiones rezagadas

El gobierno peruano aprobó un nuevo reglamento para el mecanismo Obras por Impuestos, con el objetivo de reducir los tiempos de ejecución de proyectos de infraestructura. La medida busca que las empresas privadas financien obras públicas a cambio de descuentos fiscales de manera más ágil. La reacción ciudadana ha sido prácticamente nula, y el debate se mantiene en círculos institucionales.

CMIC | Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Foto: Cmic

Hay una paradoja en el corazón de este anuncio: un mecanismo diseñado para que la inversión privada llegue más rápido a las regiones más rezagadas del país acaba de cumplir años de funcionamiento con resultados mixtos, y la respuesta del gobierno fue crear más reglas para simplificarlo. Esa tensión entre burocracia y agilidad define el nuevo reglamento que ProInversión presentó esta semana.

El gobierno peruano aprobó una actualización del reglamento que regula el esquema conocido como Obras por Impuestos, un mecanismo que permite a empresas privadas financiar proyectos de infraestructura pública —escuelas, hospitales, carreteras, sistemas de agua— y recuperar ese gasto mediante descuentos en el pago del impuesto a la renta. La modificación, difundida a través de medios oficiales, apunta a reducir los plazos de aprobación y ejecución de los proyectos, que históricamente han enfrentado demoras administrativas.

Reacciones en redes sociales

ProInversión Perú · Cómo se genera y ejecuta un proyecto de Obras por Impuestos

Según la información difundida por la agencia oficial Andina, el nuevo marco normativo busca acelerar las intervenciones en territorios donde el Estado tiene menor capacidad de ejecución directa. ProInversión, el organismo promotor de la inversión privada en Perú, señaló que los cambios apuntan a destrabar cuellos de botella que han frenado proyectos ya aprobados.

Un instrumento con historia y deudas pendientes

El mecanismo de Obras por Impuestos existe en Perú desde 2008, cuando fue creado precisamente para sortear la lentitud del gasto público en regiones alejadas. La lógica es directa: si el Estado tarda años en ejecutar una obra, que la ejecute una empresa privada con experiencia técnica y que luego se le descuente del fisco. En teoría, todos ganan. En la práctica, el esquema ha tenido avances concretos pero también ha acumulado proyectos paralizados por trabas legales, cambios de autoridades locales o falta de expedientes técnicos.

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Para los países de la región que observan modelos alternativos de financiamiento de infraestructura, el caso peruano es relevante. América Latina enfrenta una brecha de infraestructura estimada en cientos de miles de millones de dólares, y mecanismos como este representan una vía para atraer capital privado sin aumentar la deuda pública. Colombia, por ejemplo, tiene esquemas similares bajo distintos nombres. La efectividad del modelo peruano actualizado podría influir en cómo otros gobiernos diseñan sus propias herramientas.

Lo que llama la atención en este caso es el silencio que rodea al anuncio. La aprobación del reglamento no generó reacción visible entre ciudadanos ni organizaciones civiles. La conversación se mantuvo estrictamente en el plano institucional, entre entidades de gobierno y medios especializados. Eso no significa que el tema sea irrelevante; significa que aún no ha aterrizado en el debate público cotidiano.

La pregunta que queda abierta es si los cambios normativos serán suficientes para destrabar proyectos concretos, o si los obstáculos reales están en otro lugar: en la capacidad técnica de los gobiernos locales para formular proyectos, en la voluntad política de las empresas para participar, o en factores que ningún reglamento puede resolver por sí solo. El nuevo marco entra en vigencia en un contexto donde Perú busca reactivar la inversión y reducir la brecha de infraestructura que afecta especialmente a sus regiones más pobres.

#Obras por Impuestos#ProInversión#Perú#infraestructura#inversión privada

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