Cinco países europeos impulsan una tributación común sobre los beneficios extraordinarios del sector energético

España, Alemania, Italia, Austria y Portugal presentaron este martes una propuesta conjunta ante la Comisión Europea para establecer un impuesto comunitario sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. La iniciativa, coordinada entre los cinco gobiernos, llega en un momento en que los precios de la electricidad y el gas mantienen presión sobre los presupuestos familiares y la competitividad industrial en buena parte del continente.

La solicitud formal fue dirigida a Bruselas con el objetivo de que la Comisión elabore un marco regulatorio común. Los cinco países argumentan que, sin una respuesta coordinada a escala europea, cada Estado termina aplicando medidas dispares que distorsionan el mercado interior y generan inseguridad jurídica para las empresas.

El mecanismo propuesto apuntaría a gravar las ganancias que superen determinados umbrales, consideradas excepcionales en relación con períodos anteriores a la volatilidad energética. No se trata de un impuesto sobre la actividad ordinaria del sector, sino sobre los márgenes que las compañías acumularon en contextos de precios elevados. Los recursos recaudados, según los lineamientos generales de la propuesta, se destinarían a compensar a consumidores vulnerables y a financiar la transición hacia energías renovables.

No es la primera vez que Europa debate este tipo de gravamen. En 2022, en plena crisis energética desatada por la invasión rusa a Ucrania, la Unión Europea aprobó una contribución temporal de solidaridad que obligó a las empresas del sector a ceder parte de sus ganancias extraordinarias. Esa medida tuvo vigencia limitada y resultados dispares según el país. La nueva propuesta busca convertir ese mecanismo en algo permanente y armonizado.