La resolución no es un fallo nuevo sobre el fondo del asunto, sino una negativa a reexaminar lo ya decidido. En la práctica, Estrasburgo cierra la posibilidad de que los líderes independentistas obtengan un pronunciamiento europeo que contradiga al Supremo español. Para las defensas, esto representa el agotamiento de una vía que habían sostenido durante años como alternativa a la justicia nacional.
Un proceso que marcó la política española
El juicio del procés, como se conoce popularmente al proceso judicial derivado del intento de independencia catalán, fue uno de los episodios más intensos de la política española en décadas. Nueve líderes independentistas recibieron condenas de entre nueve y trece años de prisión por sedición y malversación. Junqueras, entonces vicepresidente de la Generalitat, fue el más severamente sentenciado.
En 2021, el gobierno de Pedro Sánchez concedió indultos a los condenados, lo que permitió su salida de prisión antes de cumplir las penas íntegras. Sin embargo, los indultos no borraron los antecedentes penales ni las inhabilitaciones, y tampoco cerraron el debate jurídico sobre la legitimidad de las condenas originales. La búsqueda de un respaldo europeo continuó incluso después de que los líderes recuperaran la libertad.
La decisión de Estrasburgo llega en un momento en que el independentismo catalán atraviesa una etapa de reconfiguración interna. Junqueras y Turull mantienen roles activos en sus respectivos partidos —ERC y Junts— aunque con tensiones internas significativas. Para ambas formaciones, el cierre europeo del caso elimina un argumento que habían utilizado para sostener la narrativa de persecución política ante sus bases.
Desde una perspectiva jurídica, el rechazo del TEDH a revisar la sentencia refuerza la posición del Estado español, que siempre defendió que las condenas se ajustaron al derecho penal ordinario y no constituyeron una respuesta política disfrazada de proceso judicial. La resolución no zanja el debate político de fondo —que sigue abierto en Cataluña y en el Congreso—, pero sí cierra formalmente el capítulo europeo de una causa que durante años movilizó a abogados, activistas e instituciones a ambos lados de los Pirineos.
